Desde que a principios de los noventa se hace público el cierre de la cárcel, las AA VV de los distritos más poblados de la capital, Latina y Carabanchel, reclaman que la parcela se destine íntegramente a equipamientos sociales, rechazando viviendas de renta libre.
En 1995 tiene lugar la primera manifestación y desde entonces no ha pasado un año sin que el vecindario salga a la calle para reivindicar los terrenos. Las asociaciones recogen miles de firmas y protagonizan protestas multitudinarias.
El 17 de abril de 1999, en una consulta popular rechazada por la Administración, 32.000 personas votan en 40 urnas de manera mayoritaria la construcción de equipamientos.
En 2008, Interior y el Ayuntamiento firman un protocolo que sirve de base para un Plan Parcial que se aprueba en junio de 2009 y que incluye la construcción de 650 viviendas, un hospital, dependencias penitenciarias y algún equipamiento.
Las AA VV presentan alegaciones en base al resultado de asambleas barriales que se organizan cuatro meses antes. En ellas, el vecindario aprueba un proyecto que incluye un hospital, una residencia para mayores, un equipamiento universitario y un centro para la paz y la memoria.